Tigo bajo la lupa: La trama de sobornos de 118 millones de dólares que sacude las telecomunicaciones en Guatemala
Por Redacción
CIUDAD DE GUATEMALA. — Lo que durante años fue un secreto a voces en los pasillos del Congreso de la República, finalmente ha sido confirmado ante un tribunal federal en Estados Unidos. Tigo Guatemala (Comunicaciones Celulares, S.A.) ha admitido su participación en un esquema masivo de sobornos y corrupción, acordando pagar una multa histórica de más de 118 millones de dólares al Departamento de Justicia (DOJ) de EE. UU.
La resolución judicial destapa una maquinaria compleja diseñada para comprar leyes, asegurar favores políticos y aplastar a la competencia mediante pagos ilícitos que fluyeron entre 2012 y 2018.
El precio de la "Ley Tigo"
El núcleo del escándalo gira en torno a la aprobación de la controvertida Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos, aprobada en 2014, y popularmente conocida como la "Ley Tigo".
Según los documentos presentados en la corte estadounidense, la aprobación de esta normativa no fue un ejercicio democrático, sino una transacción comercial ilícita. La investigación reveló detalles escabrosos:
- Pagos en efectivo: Ejecutivos y agentes de la empresa entregaron bolsas y mochilas llenas de dinero en efectivo a diputados clave para asegurar los votos necesarios.
- Montos millonarios: Se estima que millones de quetzales fueron desviados para "aceitar" la maquinaria legislativa.
- Beneficio inmediato: La ley permitió a la empresa instalar antenas y torres sin la interferencia de las municipalidades, consolidando su dominio en el mercado bajo el pretexto de la seguridad nacional.
La figura del intermediario
En el centro de la tormenta se encuentra Acisclo Valladares Urruela, exministro de Economía y exejecutivo de la telefónica. Valladares, quien ya se declaró culpable en Estados Unidos por lavado de dinero, fue identificado como el arquitecto principal de estos pagos.
"La empresa utilizó cuentas bancarias y agentes intermediarios para lavar el dinero destinado a los sobornos, ocultando el rastro de los fondos que terminaron en los bolsillos de funcionarios guatemaltecos", cita el informe de la fiscalía estadounidense.
Lo alarmante del caso no es solo la corrupción corporativa, sino los indicios de que parte del dinero utilizado en estos esquemas podría haber tenido orígenes vinculados a otras actividades ilícitas, aunque la sentencia actual se centra en la violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
Justicia en el Norte, Silencio en el Sur
Mientras en Washington se cierra el caso con una multa millonaria y una admisión de culpa, en Guatemala el escenario es radicalmente distinto. Analistas y sectores de la sociedad civil han señalado el hermético silencio del Ministerio Público (MP).
A pesar de que la evidencia es ahora pública y aceptada por la propia corporación ante un juez extranjero, no se han anunciado nuevas órdenes de captura ni reactivación de casos contra los diputados y funcionarios locales que recibieron los sobornos. Este contraste resalta, una vez más, la dependencia de Guatemala de la justicia internacional para esclarecer los grandes casos de corrupción interna.
¿Qué sigue para Tigo?
La empresa ha emitido comunicados asegurando que ha mejorado sus controles internos y políticas de cumplimiento ("compliance"). Sin embargo, el daño reputacional es extenso. El pago de los 118 millones de dólares cierra el capítulo legal en Estados Unidos, pero deja abierta una herida en la institucionalidad guatemalteca, donde la pregunta persiste: ¿Quiénes fueron los receptores de las mochilas con dinero y por qué siguen impunes?